Concesionarios del transporte público en Hidalgo exigen un incremento del 50 por ciento en la tarifa del servicio colectivo, lo que elevaría el costo promedio del pasaje de 10 a 15 pesos.

Presentaron la propuesta ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), que hasta ahora no ha ofrecido una postura clara. Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene el análisis del planteamiento sin resolver la incertidumbre de miles de usuarios que enfrentan un posible golpe a su economía.

El gobernador Julio Menchaca reconoció que la Semot revisa la solicitud, pero evitó comprometerse. Aunque advirtió que no permitirá aumentos desproporcionados, no definió criterios objetivos ni plazos.

Planteó la necesidad de encontrar un “punto de equilibrio” entre la viabilidad del servicio y el impacto para los usuarios, sin explicar cómo lo lograrán ni qué medidas tomarán para proteger a quienes dependen del transporte público.

Concesionarios justifican exigencia de aumento de precio del transporte

Los concesionarios justificaron su exigencia con el argumento de que los costos operativos se dispararon desde 2018, año del último ajuste. Reportaron aumentos en combustibles, refacciones, seguros, trámites y una inflación acumulada superior al 34 por ciento.

También cuestionaron el modelo de cobro actual impuesto por la Semot, al que calificaron como insostenible. Para sostener su demanda, entregaron un pliego de 22 puntos y plantearon negociar un incremento gradual mediante mesas de trabajo.

La propuesta proviene de transportistas que operan en al menos 33 municipios, incluyendo Pachuca, Tulancingo, Tizayuca, Tula de Allende, Apan, Huejutla y Mineral de la Reforma. Pese a la dimensión del conflicto, la Semot permanece en silencio y no ha informado a la ciudadanía sobre los avances del análisis ni sobre posibles escenarios.

Menchaca insistió en que los concesionarios deben mejorar el servicio, mantener las unidades en condiciones adecuadas, garantizar seguridad y ofrecer un trato digno a los pasajeros. Sin embargo, su gobierno tampoco ha explicado cómo exigirá estos compromisos ni qué consecuencias enfrentarán quienes incumplan.