La doble falla del Estado mexicano en el feminicidio de Rosaura en Hidalgo: un caso de negligencia institucional

El feminicidio de Rosaura, ocurrido en la comunidad de Azoyatla, Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, ha desatado una ola de indignación y denuncia por las graves fallas en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género. El caso se ha convertido en un claro ejemplo de la doble falla del Estado mexicano, no solo por la violencia en sí misma, sino por la negligencia institucional que permitió que la tragedia continuara.

Rosaura, madre de tres hijos, vivió durante mucho tiempo bajo el yugo de su agresor, Marco Antonio M.G., un expolicía de la localidad. A pesar de que había presentado múltiples denuncias de violencia, e incluso se le habían otorgado medidas cautelares para protegerla, el sistema judicial y las autoridades locales no tomaron las medidas necesarias para garantizar su seguridad. El agresor, quien fue detenido en varias ocasiones, fue liberado en varias oportunidades debido a fallos judiciales que dejaron a Rosaura vulnerable. Esta falta de acción efectiva por parte de las autoridades se convierte en una de las principales fallas en la investigación y el manejo del caso.

En un giro aún más trágico, el 6 de febrero de 2025, Marco Antonio M.G. asesinó a Rosaura, su madre y su hermano en un acto de violencia extrema. Este crimen no solo terminó con la vida de Rosaura, sino que también puso de manifiesto la insensibilidad y la indiferencia de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de feminicidio. Los funcionarios locales, en lugar de asumir su responsabilidad, negaron cualquier tipo de falla en el sistema y se defendieron erróneamente, alegando que no hubo negligencia.

El caso también ha dejado en evidencia el trato revictimizante que sufrió Rosaura en varias ocasiones al dirigirse a las autoridades en busca de protección. En varios momentos, las autoridades culparon a la víctima por no haber tomado las “medidas adecuadas” para evitar la violencia, un comentario que refleja la falta de empatía y compromiso con las víctimas de violencia de género.

Este feminicidio ha generado un clamor por justicia, no solo entre los familiares de Rosaura, sino también en la sociedad en general, que exige que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las mujeres y asegurar que los agresores sean castigados de manera efectiva. Las organizaciones de derechos humanos han señalado la urgencia de reformas en el sistema de justicia para evitar que se repitan tragedias como la de Rosaura, y han exigido que los funcionarios responsables sean investigados y sancionados por sus errores y omisiones.

Este caso resalta la profunda crisis en el manejo de la violencia de género en México y la necesidad urgente de reformas estructurales que garanticen que las víctimas reciban protección y justicia. La falta de acción del Estado y la insensibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las mujeres siguen siendo problemas persistentes que deben ser abordados con urgencia para prevenir más tragedias.