Padres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Cuautlalpan, Texcoco, suspendieron clases de forma indefinida para proteger a sus hijos y al personal docente.

Esto luego de que algunas maestras recibieran amenazas relacionadas con una presunta deuda adquirida por la directora Adriana Martínez García con prestamistas del esquema “gota a gota”.

Las docentes comenzaron a recibir mensajes donde los agresores exigían el pago de un préstamo. La comunidad escolar atribuyó ese adeudo a la directora, quien pidió dinero a prestamistas colombianos y no cubrió los pagos.

Madres y padres advirtieron sobre el riesgo de un posible ataque, por lo que optaron por suspender clases de manera indefinida en la escuela de Texcoco.

Durante una reunión el pasado 26 de mayo, el supervisor escolar Norberto Martínez dialogó con los tutores.

No presentó soluciones concretas, a pesar de haber recibido reportes previos sobre la situación. Ante la omisión de las autoridades escolares y del gobierno municipal, la comunidad acordó suspender actividades hasta recibir garantías de seguridad.

El conflicto reveló una cadena de irregularidades administrativas dentro de la escuela. En 2024, la gestión cambió tras la salida de la directora María del Pilar. Jesús Maldonado Zúñiga tomó el cargo, pero enfrentó una acusación interna por intento de abuso sexual contra una menor.

La denuncia la hizo su esposa, también trabajadora del plantel. A pesar de la gravedad del caso, las autoridades lo trasladaron a otra escuela en Papalotla sin aplicar sanciones.

Padres y madres lo vincularon con el regidor del Partido del Trabajo, César Vilchis, y con el presidente municipal Nazario Gutiérrez. En redes sociales aparecen juntos en eventos públicos, lo que refuerza la sospecha de encubrimiento.

Directora del plantel desapareció sin explicaciones

Con la llegada de Adriana Martínez García a la dirección, continuaron las anomalías. La comunidad escolar la acusó de cobrar cuotas para supuestos pagos a la Cruz Roja y de pedir préstamos a madres de familia por montos de hasta 30 mil pesos.

Utilizó ese dinero, según testigos, para cubrir sus deudas personales. La directora desapareció días antes de la suspensión de clases y hasta ahora no ha dado explicaciones.

Padres y madres exigieron la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y del ayuntamiento de Texcoco para frenar la impunidad y garantizar la seguridad del alumnado y del personal.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 986 carpetas de investigación por extorsión en el Estado de México, con corte al 30 de abril de 2025. Las familias de Cuautlalpan advirtieron que no reanudarán clases mientras persista el riesgo.