El diputado del PRI en el Congreso de Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la protección de activistas ambientales en la entidad. Durante la sesión de este 1 de abril, el legislador explicó que la propuesta busca garantizar la integridad de quienes defienden el medio ambiente.
La reforma plantea la creación del capítulo IV, denominado “Protección de los Defensores Ambientales”, dentro de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. Este nuevo apartado incluiría tres artículos dirigidos a establecer medidas concretas para la seguridad de los activistas.
El artículo 293 establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) deberá garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, además de coordinarse con otras dependencias para la promoción y defensa de sus derechos.
El artículo 294 propone que los activistas ambientales tengan acceso al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que puedan solicitar medidas de prevención y protección en caso de amenazas o riesgos.
Finalmente, el artículo 295 señala que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Guardia Nacional tendrían la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque, amenaza o intimidación contra los defensores del medio ambiente.
La iniciativa fue turnada a la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y discusión.
La doble falla del Estado mexicano en el feminicidio de Rosaura en Hidalgo: un caso de negligencia institucional
El feminicidio de Rosaura, ocurrido en la comunidad de Azoyatla, Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, desató una ola de indignación y denuncia por las graves fallas en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género. El caso convertió en un claro ejemplo de la doble falla del Estado mexicano, no solo por la violencia en sí misma, sino por la negligencia institucional que permitió que la tragedia continuara.
Rosaura, madre de tres hijos, vivió durante mucho tiempo bajo el yugo de su agresor, Marco Antonio M.G., un expolicía de la localidad. A pesar de que había presentado múltiples denuncias de violencia, e incluso le habían otorgado medidas cautelares para protegerla, el sistema judicial y las autoridades locales no tomaron las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
El agresor, quien fue detenido en varias ocasiones, fue liberado en varias oportunidades debido a fallos judiciales que dejaron a Rosaura vulnerable. Esta falta de acción efectiva por parte de las autoridades se convierte en una de las principales fallas en la investigación y el manejo del caso.
El caso también dejó en evidencia el trato revictimizante que sufrió Rosaura en varias ocasiones al dirigirse a las autoridades en busca de protección. En varios momentos, las autoridades culparon a la víctima por no haber tomado las “medidas adecuadas” para evitar la violencia.
Este feminicidio generó un clamor por justicia, no solo entre los familiares de Rosaura, sino también en la sociedad en general, que exige que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las mujeres y asegurar que los agresores sean castigados de manera efectiva. Las organizaciones de derechos humanos señalaron la urgencia de reformas en el sistema de justicia para evitar que hayan tragedias como la de Rosaura, y exigieron que los funcionarios responsables sean investigados y sancionados por sus errores y omisiones.
